La Generalitat impone la máxima multa a tres webs de alquiler de apartamentos

La Agència Valenciana de Turisme (AVT), dependiente de la Generalitat, ha sancionado con la máxima multa a tres webs de alquiler de apartamentos en Internet. Se trata de Homeaway, Airbnb y Rentalia, que deberán abonar un total de 30.000 euros de multa por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Estas tres plataformas han recibido la sanción máxima que permite actualmente la ley, una cifra que se endurecerá en el nuevo texto en el que se está trabajando desde la AVT. Homeaway, Airbnb y Rentalia tienen mucho tráfico de visitas y un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que permite la ley, según explican desde la AVT.

En 2016 se abrieron siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En junio de 2016 se abrió expediente sancionador a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro. En este caso, se ha comunicado una resolución de sanción de 30.000 euros a dos de ellas. Otro caso se ha subsanado y la empresa ya solicita el registro a la mayor parte de las viviendas turísticas que comercializa en su portal, por lo que, por ahora, la sanción impuesta es de 4.000 euros, según explican desde la AVT. Finalmente, otro de los últimos expedientes abiertos se ha resuelto con apercibimiento después de que hayan regularizado su situación.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, explica que la Administración debe ser firme en el cumplimiento de la ley y "en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad".

Desde el inicio de esta legislatura, Colomer ha mantenido una posición contraria "al intrusismo y la competencia desleal, que se traduce en graves perjuicios económicos para el sector y que puede acarrear problemas a los consumidores que hacen uso de este tipo de ofertas". "No todo cabe en la denominada economía colaborativa", señala.

Colomer insiste en que el modelo turístico que se busca es el de la "profesionalización, las garantías y el respeto a la ley y a los derechos de turistas y consumidores". "Por eso no se puede confundir la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio con otras prácticas", apunta. "Sancionamos porque existen leyes que son para todos y que deben cumplirse, porque lo peor sería trasladar una sensación de impunidad que, bajo ningún concepto, nos podemos permitir", señala.