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ALICANTE PRESS Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

PP

Elisa Díaz pide en Les Corts inversión para rehabilitar viviendas en Juan XXIII

La diputada autonómica y portavoz de Vivienda del PP, Elisa Díaz, ha defendido en Les Corts una enmienda a los presupuestos para reclamar una inversión destinada a rehabilitar las viviendas del pasaje Arcipreste de Hita, en Juan XXIII.

"Son muchas las personas que nos dicen que se sienten estafadas por ustedes, y su conclusión es que quienes decían que venía a rescatarles están mirando para otro lado o se han puesto una venda en los ojos". Estas palabras ha dirigido al Gobierno de la Generalitat Valenciana la diputada autonómica y portavoz de Vivienda del PP, Elisa Díaz, en el pleno de Les Corts, donde ha defendido una enmienda a los presupuestos autonómicos para reclamar una inversión destinada a rehabilitar las viviendas del pasaje Arcipreste de Hita, en Juan XXIII (en la imagen superior).

 

Díaz ha instado al Consell a aprobar esta enmienda por 100.000 euros, porque "ayudaría mucho más dando luz verde a esta ayuda que pedimos para uno de los barrios más pobres de la Comunidad Valenciana, que aprobando una Ley de Vivienda que es un bodrio normativo". Así ha calificado el texto normativo por "inaplicable, ineficaz e incapaz de resolver los problemas de las personas".

 

La portavoz de Vivienda del PP ha acusado al gobierno valenciano de llevar a cabo "una política de marketing en lugar de cumplir sus promesas electorales". "Mientras el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra promete y promete, los vecinos del barrio de Juan XXIII son abandonados por la Generalitat y se esfuerzan a diario por mantener la buena convivencia, el orden y la limpieza, además de tener sus viviendas en condiciones habitables", ha afirmado Díaz, que esta semana ha puesto de manifiesto el incumplimiento de la Orden de Pobreza Energética, y ha empleado como ejemplo el citado barrio alicantino visitado recientemente con la concejal del PP, Mari Ángeles Goitia, "donde hay personas que utilizan velas en sus viviendas por no tener luz eléctrica".

 

PARQUE DE VIVIENDAS VACÍAS

 

La diputada autonómica popular ha criticado a la consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, por tener "un parque de viviendas vacías, algunas en el barrio alicantino Juan XXIII, que no utiliza para intentar dar cabida a las más de 1.600 personas que no tienen dónde vivir en Alicante". Díaz ha cuestionado también a la Generalitat por sacar una Orden de Pobreza Energética "inefectiva y que desborda a los ayuntamientos, por lo que ha hecho que los Servicios Sociales estén tan ocupados en cumplir con toda la burocracia y sin tiempo de salir a la calle a atender a esas personas que lo necesitan".

 

Elisa Díaz ha explicado que el motivo del Grupo Popular de presentar una enmienda a la totalidad de la Ley de Vivienda "es por el intento de que se corrija un proyecto que no soluciona los problemas de las personas y que nos da la impresión de que está hecho para cubrir expediente". Así, Díaz, que ha afirmado que "la subida de sueldos de los cargos del Consell no frena desahucios", ha justificado también esta enmienda "por ser necesaria para evitar seguir alimentando la esperanza de quienes están en una situación vulnerable esperando una respuesta, porque esta ley no les da esa respuesta".

 

La diputada ha advertido que esta Ley por la Función Social de la Vivienda que el gobierno de Puig y Oltra quiere aplicar "no va a servir para nada porque nace defectuosa llevando a cuestas un dictamen del Consell Jurídic Consultiu que avisa de su dudosa constitucionalidad". "El dictamen -ha añadido- recuerda sentencias del Tribunal Constitucional que dejan claro que la competencia autonómica en materia de Vivienda está limitada por las competencias del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases de la ordenación del crédito".

 

La diputada ha destacado también que la Ley de Vivienda nace sin dotación económica suficiente, según la memoria económica. "Para poder atender mínimamente de manera satisfactoria lo establecido en la ley, se precisan unos 12 millones de euros para el primer ejercicio, ¿pero, qué tenemos en los presupuestos de 2017?: solo 5.900.000 euros que no llega ni a la mitad de lo necesario para aplicar la ley".

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