GRUPO POPULAR
Efectos colaterales del cambio de nombre de las calles de Alicante

¿Cuánto va a costar el cambio de nombre de 46 calles, plazas y barrios de Alicante? Esa es la pregunta que se hace el Partido Popular en el Ayuntamiento. Porque el PP tiene claro que el asunto, además de polémico, va a tener un coste económico para los ciudadanos. Son los efectos colaterales.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante tiene previsto encargar un informe que valore de forma exacta el coste que puede suponer el cambio de nombre de las 46 calles propuestas por el gobierno tripartito, algunas de las cuales serán sustituidas por "nombres de personas de ideología comunista y radical de izquierdas", según critica el PP.
El informe incluirá el coste que supondrán los cambios de nombres en impresos, rótulos, direcciones de centros oficiales y empresas, así como los costes privados para los particulares. Lo ha anunciado la portavoz adjunta del Grupo Popular, Mari Carmen de España, quien reitera "la falta de seriedad del tripartito en el proceso de cambio de nombre de las 46 calles que quieren modificar en la ciudad". El reproche del PP es doble. Por un lado, censura al tripartito por "no haberlo consultado con los vecinos" y por otro, critica que se desconoce la valoración económica de los cambios. De España quiere saber dónde está ese informe que, según el concejal Daniel Simón, estima el gasto para el Ayuntamiento de Alicante en cerca de 20.000 euros.
Teme De España que el coste final del cambio de calles para el erario ascienda a mucho más de 20.000 euros. Pone como ejempo Madrid, donde el gobierno presidido por Carmena habló inicialmente de que el cambio de nombre ascendería a 60.000 euros y ahora se habla de un coste global de seis millones.
Para el PP el asunto tiene una importante vertiente ciudadana. De España se refiere, por ejemplo, a los sobres, membretes y tarjetas de visita que tendrán que tirar a la basura las personas que viven en las calles que desaparecen. Coste económico, pero también de tiempo. En este sentido, la edil se refiere a la pérdida de tiempo que supondrá para los ciudadanos hacer los trámites burocráticos necesarios para cambiar la domiciliación de los servicios que tengan contratados con empresas. Y otro efecto colateral será que administraciones y funcionarios tendrán que sustituir los documentos nacionales de identidad y los pasaportes de todas esas personas.
Vicente | Domingo, 13 de Noviembre de 2016 a las 14:17:47 horas
Yo estoy seguro que los gastos que nos va a suponer a los vecinos los va a pagar el tripartito. De hecho, yo ya voy a guardar los justificantes de pago y facturas y se los voy a ir pasando al abogado.
No hay problema.
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