La Diputación quiere ser más transparente

La nueva Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información fue respaldada ayer miércoles por todos los grupos políticos de la Diputación. El nuevo reglamento pretende favorecer el acceso de los ciudadanos a la gestión pública que se realiza en la institución y hacer un seguimiento de en qué y cómo se gasta el dinero público.

El texto, que ha sido sometido a exposición pública para hacer partícipe del mismo a entidades, partidos y ciudadanos, ha incorporado buena parte de las alegaciones presentadas por parte de los distintos grupos que conforman la corporación provincial, según explican desde la institución en una nota.

La ordenanza será de aplicación también para los organismos autónomos, entidades públicas, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones en los que participa la Diputación. La misma contendrá publicación activa con la información en las páginas webs o sedes electrónicas, al tiempo que posibilita la transparencia pasiva, es decir, el acceso a la información pública previa solicitud mediante un procedimiento ágil y sin necesidad de motivación.

Algunos de los datos que se deben publicar en el Portal de Transparencia son la trayectoria profesional de los diputados, las retribuciones, la declaración de bienes, los obsequios recibidos, los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat, indicando la fecha, el objeto y el coste, las agendas institucionales, los gastos de locomoción percibidos o el coste mensual del teléfono móvil, además de toda la información institucional, organizativa y de planificación.

El diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, destacó ayer que el "Gobierno Provincial está absolutamente comprometido con el principio de transparencia”. "Las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten proporcionar a los ciudadanos un gran volumen de información sobre la organización, funcionamiento y actividad de las entidades públicas", explicó el diputado.

Durante el pleno se debatió, entre otras propuestas y mociones, la eliminación del ‘arreglo escolar’ y "garantizar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos", a propuesta del PP.