En su escrito de calificación inicial, el ministerio público solicita para la exconcejal de Ibi (PP) una pena de 2 años de prisión y de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los presuntos delitos continuados de prevaricación y actividad prohibida a los funcionarios públicos, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juicio se ha señalado en cinco sesiones, entre el lunes y el viernes.

La Fiscalía le acusa de favorecer a familiares y amigos en actividades organizadas desde esas áreas de gobierno, entre 2005 y 2006, mediante la organización de cursos y viajes que no estaban al parecer regulados en ninguna ordenanza, en los que supuestamente reservaba plazas para familiares y amigos y les eximía del pago de dichos eventos.

Su coste, según se precisó durante la instrucción del caso en los juzgados de Ibi, se pudo financiar a partir de la recaudación obtenida por las tasas de uso del polideportivo municipal, a través de una supuesta contabilidad paralela.

Además, la acusación pública sostiene que la exconcejala empleaba a familiares y amigos para organizar esos cursos y viajes, o como monitores a cargo de los mismos, sin pasar presuntamente por ningún procedimiento reglado para la elección del personal a contratar.

La exedil, ahora desvinculada de la política municipal, se vio forzada a presentar su dimisión en 2009 después de que trascendiesen las denuncias de los grupos políticos de la oposición en relación con esas presuntas irregularidades.