Puig habla en Alicante del "nuevo rostro del fascismo"

Ximo Puig ha presidido el acto de celebración del 40 aniversario de la Constitución Española celebrado en el Teatro Principal de Alicante, al que ha acudido el Consell al completo, además del president de Les Corts, Enric Morera, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otros representantes políticos.

Además de pedir ese mayor compromiso para también "fortalecer la cohesión como país", Puig ha considerado que "la erosión" del equilibrio entre el crecimiento económico y la Constitución ha provocado "desasosiego en la sociedad" y ha afirmado que "el temor y el miedo" ante esta situación "favorece el populismo, el hipernacionalismo y la xenofobia".

"Son fenómenos que ponen en peligro las libertades de la Democracia, por mucho que a veces algunos se empeñen en blanquear y legitimar acciones y proclamas que en realidad esconden un nuevo rostro del fascismo", ha apostillado, a la vez que ha afirmado que "el voto no es un pasaporte que lo justifique todo".

Por esto, ha aseverado que "la democracia no es irreversible" y ha abogado por utilizar como faro los valores que ofrece la Carta Magna española, así como por emprender "un nuevo constitucionalismo militante" que convierta "en convicción colectiva la defensa" de la Constitución y de los derechos y libertades que reconoce.

"Las acciones que intentan hoy condicionar y dañar nuestra libertad, que amenazan el derecho de manifestación o que pervierten acciones legítimas como los actos de expresión cultural, quedarán en nada si todos los demócratas nos oponemos sin fisuras", ha subrayado.

También ha incidido en la necesidad de reformar la Carta Magna para "mantener el orden básico del pacto social" que significó en 1978 para España.

"Admiramos lo que significa la Constitución Española; la defendemos, la reivindicamos y luchamos por la vigencia sus valores, pero hay que recordar que lo único que es eterno es el cambio", ha apostillado.

En su opinión, "reformarla hoy, es defenderla", y ha apostado por establecer un estado federal que sustituya el actual modelo de autonomías que "sufre síntomas de agotamiento, pues permite desigualdades territoriales inasumibles".

Pero también ha señalado que esta realidad territorial "no debe eclipsar" la necesidad de adoptar cambios en materias como la sostenibilidad ambiental, el blindaje de los derechos sociales o la lucha contra la violencia machista, sobre la que ha asegurado que "cualquier viraje" en las políticas de protección "es inaceptable para cualquier demócrata".

Por su parte, la vicepresidenta Oltra se ha expresado en esa línea y ha valorado que la Constitución fue "la mejor posible en ese momento" porque era "la necesaria para cerrar el régimen dictatorial", pero han incidido en que la sociedad y el contexto ya no son el mismo.

"El texto, que sirvió como elemento aglutinador, necesita adaptarse a una realidad que ya no es aquella y hacerla inmutable es regalarla a aquellas personas que hacen de las banderas símbolos vacíos", ha defendido, justo antes de añadir que "en muchas ocasiones, la amplitud de las banderas es inversamente proporcional a las tensiones que generan".

El acto ha servido para entregar dos premios por la defensa de los valores constitucionales, que en este año han recaído en la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y en el expresidente del Tribunal Constitucional, Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala (en la imagen).

El magistrado valenciano ha aseverado que la Constitución "no fue producto de un acuerdo político artificial" sino "un triunfo para el pueblo español", en tanto en cuanto "todas las ideologías confluyeron", pero también ha coincidido en la necesidad de que sea reformada.

Además, ha manifestado que "el reconocimiento de las singularidades" territoriales "fortalece la unidad"" del país y no al contrario.

Por su parte, el portavoz de la MERP, Joan Encunyat, ha destacado la necesidad de que las pensiones "pasen de ser un principio a ser un derecho fundamental incluido en la Constitución" y de que "se prohíba de forma explícita su privatización y la pérdida de poder adquisitivo".