Piden inhabilitar 10 años a un exalcalde del PP de Sax

El juicio se prevé para finales de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante.

Ambos políticos fueron detenidos en julio de 2015, en el marco de una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de Alicante.

La fiscalía, según aparece en el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso Efe, les acusa de exigir mientras ejercían sus cargos, entre julio de 2014 y mayo de 2015, a varios vecinos entregas de dinero en efectivo, sin justificante alguno de su abono, para la empresa Asfaltos Amaro SL.

Según les decían, esas entregas debían servir para sufragar el 40 % de la reparación, remodelación y asfaltado de sus calles o caminos de acceso a casas de campo, mientras que el Consistorio se hacia cargo del 60 % restante y el IVA correspondiente.

"Si algún vecino se mostraba reticente, los acusados le presionaban para que aceptara, negándose en caso contrario a que el Ayuntamiento, y en concreto la Concejalía de Obras Públicas, ejecutara la obra en cuestión", señala el escrito fiscal.

Ese procedimiento era del todo ilegal, añade, pues para poder solicitar aportaciones económicas a los ciudadanos afectados había de recurrirse al procedimiento de contribuciones especiales a través del departamento de Intervención.

Además, se requería un informe de distribución de gastos y valoración de las obras, su aprobación por el pleno y una fórmula de contratación en función del coste de los trabajos donde quedaran fijadas las sumas que debían aportar los particulares.

En este caso, las entregas de dinero no quedaban reflejadas en el presupuesto y la factura que Asfalto Amaro SL presentaba al Ayuntamiento, por lo que no había constancia "nunca del coste real de la obra".

Esta situación se produjo, de acuerdo con la acusación pública, en la partida Alto Mesonero, donde vecinos abonaron 2.800 euros en conjunto, o en la de Alta Zapatera, donde tras reunir 8.164 no llegó a terminarse la obra.

Fue un residente de otra zona el que denunció estas prácticas tras negarse a pagar a la empresa, en mano y sin factura alguna, 2.000 euros por el arreglo del camino de acceso a su casa y recibir varias llamadas donde Gil y Nieto le instaban a hacerlo, explica la fiscalía.

Por otro lado, el ministerio público les acusa de fraccionar 18 contratos por obras menores, que sumaban en su conjunto 157.221 euros, IVA incluido, de forma ilegal, en favor de la misma mercantil.

Los acusados optaron por esa tramitación y obviaron, presuntamente, la contemplada por la legislación, un procedimiento negociado sin publicidad al que debían concurrir al menos tres empresas.

Esas obras "se realizaron en muchas ocasiones de forma conjunta y no separada por tratarse de calles anexas o caminos cercanos, siendo por tanto en realidad la misma obra", concluye el escrito de acusación.