La Fiscalía pide investigar el intento de compra de Belmonte

La decisión del fiscal Felipe Briones es el resultado de las pesquisas realizadas por él mismo a raíz de la denuncia de dos ciudadanos, que han incluido la declaración de cuatro testigos y de un investigado: el exdiputado y exsenador socialista Ángel Franco.

El fiscal Anticorrupción de Alicante considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos, aunque no precisa cuáles ni propone por el momento la práctica de diligencias, según las fuentes consultadas.

El voto en blanco de la concejal Nerea Belmonte, expulsada en 2016 de Podemos y de la coalición Guanyar, permitió al PP el pasado 19 de abril recuperar la alcaldía alicantina como lista más votada en las últimas elecciones municipales, en detrimento del PSOE.

Una semana más tarde, durante el primer pleno municipal dirigido por el nuevo alcalde, Luis Barcala, la concejal no adscrita reveló que le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas electorales para que apoyara a los socialistas.

La actual portavoz del PSPV en el consistorio, Eva Montesinos, aspiraba entonces a suceder al anterior alcalde, Gabriel Echávarri, quien acababa de dimitir del cargo por su doble procesamiento judicial en dos causas por supuesta prevaricación.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación por un supuesto delito de cohecho.

En el marco de esas pesquisas, tomó declaración como testigos a la propia Belmonte, su asesora, Elsa Martínez y los portavoces de Compromís y Guanyar Alacant en el ayuntamiento, Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón, respectivamente.

Las dos primeras señalaron ante el fiscal a Ángel Franco, a quien se atribuye el control de la agrupación socialista local, como el autor del ofrecimiento, que según ellas incluía además un puesto de trabajo en un centro comercial de la ciudad para Elsa Martínez.

En cambio, Franco, que compareció como investigado ante Briones el pasado 19 de septiembre, negó esas acusaciones y afirmó, por el contrario, que habían sido Belmonte y su asesora las que habían pedido contraprestaciones.

Según su versión, la edil pretendía que los 14 concejales del antiguo tripartito de izquierdas (PSOE Compromís y Guanyar) le aseguraran por escrito un sueldo como concejal y exigía que esa medida fuera aprobada por el pleno antes de julio.