Los médicos quieren que los insultos tengan más sanciones

La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), María Isabel Moya, ha participado hoy en el II Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana celebrado en Valencia (en la imagen). En este foro ha abogado por desarrollar y endurecer la vía administrativa para sancionar las agresiones verbales consideradas no graves que se producen en las consultas, ya que actualmente la mayoría acaba sin ningún tipo de pena, lo que echa atrás a los profesionales a la hora de presentar una denuncia.

La mayor exigencia y expectativas de la ciudadanía sobre la sanidad, que se entiende como un bien de consumo que se está obligado a prestar, y la condescendencia de los poderes públicos ante el abuso de su utilización son algunas de las causas sociales que están detrás del aumento de los conflictos en las consultas, sin olvidar, según ha destacado la doctora Moya, los propios factores estructurales del sistema como los recortes de plantillas, la falta de tiempo para atender a los pacientes y una alta presión asistencial.

Moya, también presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos valencianos, ha intervenido en la mesa redonda sobre “Agresiones a los profesionales sanitarios: soluciones objetivas y viables”.

Entre las propuestas que ha presentado está que la administración desarrolle las sanciones administrativas, lo que ayudaría como medida disuasoria a frenar los casos.

“La mayoría de estas agresiones queda en saco roto, lo que lleva a los médicos a no denunciar y lamentablemente casi si ve como idiosincrático a su profesión y se normaliza. Habría que desarrollar y endurecer la vía administrativa para hacer frente a ese gran volumen de denuncias no graves, teniendo  como referencia diversos artículos de la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, para que no que no haya ningún tipo de discusión legal sobre la autoridad pública de los profesionales en el ejercicio de sus funciones y en el caso de que los pacientes, recordando que tienen unos derechos pero también unas obligaciones como respetar a los trabajadores”, ha explicado la presidenta del COMA. 

Entre otras medidas a considerar, la presidenta ha pedido que la Conselleria de Sanidad dote de contenido y funcionalidad a la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario (IPTS) que existe en la provincia, clasificar los centros por nivel de riesgo para extremar las medidas de seguridad, y conectar los códigos de alerta con la Policía y no como ocurre ahora con el compañero de la consulta. Además, se deben impulsar campañas de concienciación y educación sanitaria dirigidas a los usuarios y formar a los sanitarios, a través de cursos de carácter obligatorio, en habilidades y competencias para gestionar situaciones conflictivas y prevenir agresiones.

Del mismo modo, según Moya, urge que se considere también autoridad pública al médico que ejerce en el ámbito privado para solucionar “las asimetrías penales entre profesionales sanitarios y la desigual consideración legal del concepto de autoridad” que se da actualmente.

El COMA ha registrado en lo que va de año y hasta el mes de septiembre 20 denuncias por agresiones en la provincia. Una cifra que solo es la punta del iceberg de lo que puede estar latente ante la “infradeclaración” por parte de los sanitarios. Es necesario -tal y como ha reiterado- crear un registro único que permita conocer la dimensión real del problema y perfeccionar los cauces de denuncia y comunicación.

De la veintena de casos que han llegado al Colegio, dos fueron por agresiones físicas y el resto, verbales. Las discrepancias personales, en la atención médica y en el funcionamiento del servicio, no acceder a la medicación solicitada o no dar una baja son las principales causas. El 46% de los conflictos se producen en atención primaria, un 19% en Urgencias de primaria, el 16% en el hospital y un 6% en Urgencias hospitalarias, según los datos de la Organización Médica Colegial (OMC).