Ciudadanos enfría las expectativas del PP de echar al PSOE con una moción de censura

Ciudadanos ha enfriado las expectativas del PP de conseguir desalojar al PSOE del Gobierno del Ayuntamiento de Alicante a través de una moción de censura.

Apenas una hora después de que el portavoz del PP, Luis Barcala, pidiera el apoyo de Ciudadanos para sumarse a la moción de censura, la portavoz de la formación naranja en Alicante, Yaneth Giraldo, ya tenía preparada una retadora respuesta.

"Antes que plantear una moción de censura en el Ayuntamiento de Alicante, lo primero que tiene que hacer el PP, y en este caso su portavoz municipal, Luis Barcala, es aplicar una limpieza a fondo en la Diputación con sus imputados", apuntaba Giraldo en referencia al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y al exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza.

"Solo así, el PP tendría credibilidad para exigir una regeneración en la vida política municipal, lo que no sirve es aplicar dos discursos distintos en función de las circunstancias y de la conveniencia política", aseguraba. "Lo contrario, y lo venimos reiterando desde hace tiempo, es hipocresía y doble moral".

Giraldo considera que el anuncio de Luis Barcala "vuelve a ser un brindis al sol" porque una moción de censura requeriría del beneplácito de Guanyar o de Compromís, "algo imposible a fecha de hoy".

Para Ciudadanos lo importante en estos momentos es que dimita Gabriel Echávarri "sin condiciones ni trucos". para que así "entren raudales de aire fresco en el Ayuntamiento, enterrando la vieja política de una vez por todas", afirma en tono poético Giraldo.

El PP necesita los votos de 15 concejales de los 29 que forman el Ayuntamiento de Alicante para presentar la moción de censura. Ya tiene ocho y le faltan siete, que podrían ser de forma hipotética los cinco ediles de Ciudadanos más los votos de los dos concejales no adscritos: Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre. Pero si estos dos concejales firmaran a moción de censura, serían necesarios 17 votos, tal como establece la Ley Antitransfuguismo aprobada en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La norma obliga a aumentar el número de firmas (votos) en la misma proporción que los concejales no adscritos que suscriben la petición.

La norma fue recurrida y anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2017 por vulnerar el derecho de participación política. Sin embargo, no entrará en vigor hasta después de las próximas elecciones.