Ximo Puig y Mónica Oltra quieren reformar la Constitución y eliminar las provincias

El Consell (PSOE y Compromís) se ha sumado a las voces que piden una reforma de la Constitución. Socialistas y nacionalistas han redactado un texto que fue presentado ayer en el Palau de la Generalitat con la solemnidad de las grandes ocasiones. El nombre: 'Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española'. El Consell es el primer Gobierno autonómico que ha presentado su posición sobre la reforma constitucional.

El informe plantea que España se convierta en un Estado Federal. "Apostamos por el avance en el modelo territorial, que sea federalizante", explicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), quien calificó la reforma constitucional de "actualización necesaria" para lograr el "aterrizaje en el siglo XXI".

En ese nuevo modelo de estado no cabrían las provincias. Uno de los ejes centrales que plantea el PSOE y Compromís es la cuestión territorial. Y en este punto son claros. Proponen que desaparezcan las provincias y las diputaciones. El texto del Consell establece que debe ser potestad de cada comunidad autónoma "regular su organización territorial interna, por lo que se eliminarían las referencias a provincias y diputaciones".

Puig fue claro. Hay que paralizar la "contrarreforma recentralizadora" que, según dijo, ha puesto en marcha el Gobierno central. También criticó a quienes defienden "una posición reaccionaria respecto a los cambios".

El contenido concreto de la reforma que plantea el Consell fue presentado por el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, de Compromís.

El informe plantea un nuevo modelo de Estado en el que, "partiendo de la lealtad federal", se reconozcan los hechos diferenciales. En este este sentido, la propuesta del Gobierno valenciano propone una reforma del modelo que define el Estado como Federal. Considera a los ayuntamientos como un tercer pilar del Estado, dotados constitucionalmente de unas competencias básicas.

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA SIN INTERVENCIÓN DE LAS CORTES

En este nuevo modelo, la aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía se realizaría sin intervención de las Cortes Generales, y estaría sometida exclusivamente al control de constitucionalidad. "La Constitución debe establecer y concretar constitucionalmente listados precisos de competencias del Estado y acotar el alcance de las competencias concurrentes y compartidas para evitar los abusos en la elaboración y aplicación de legislación básica", apunta el texto.

Asimismo, en la propuesta del Consell se indica que cada comunidad autónoma debe disponer de plena potestad legislativa en aquellas materias cuya competencia la Constitución no haya reservado explícitamente al Estado federal, con cláusulas para evitar que evitar procesos unilaterales de recentralización por parte del Estado central y la eliminación de la suspensión automática de las normas autonómicas impugnadas por el Gobierno central al Tribunal Constitucional.

En concreto, todas las comunidades autónomas tendrán competencias exclusivas en materias relacionadas con el desarrollo del Estado social y, voluntariamente, podrán asumir competencias en otras materias relacionadas con los hechos diferenciales, como la lengua propia o el derecho civil, reivindicación especialmente relevante en el caso valenciano.

Además, se propone reconocer y facilitar la participación reglada de las autonomías en las instituciones de la Unión Europea y garantizar en la Constitución su participación en los procedimientos de reforma constitucional.

Otra novedad importante es que se propone convertir el Senado en una Cámara conformada por representantes de los consejos de gobierno autonómicos, con un número reducido y proporcional a la población. El Senado se convertiría en la Cámara de primera lectura y con capacidad de veto en las leyes susceptibles de afectar a los territorios, como son las que afecten al diseño competencial, la financiación autonómica, a los hechos diferenciales o la legislación básica.

Se introduce a su vez la corrección de la asimetría entre el castellano y el resto de lenguas españolas y la garantía de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de las diferentes lenguas.