La juez cita como investigados al alcalde, a su jefe de Gabinete y al asesor de Comercio

La magistrada que instruye el caso del presunto fraccionamiento de contratos de la concejalía de Comercio de Alicante ha citado a declarar como investigados al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri; a su jefe de Gabinete, Lalo Díez; y al asesor de Comercio Pedro de Gea. Todos ellos deberán declarar el próximo 6 de octubre. El portavoz municipal, Natxo Bellido (Compromís), el interventor y un técnico municipal tendrán que acudir ese mismo día como testigos.

La magistrada investiga, tras una denuncia del Grupo Popular, el presunto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio en el mes de diciembre de 2016, un área de la que el alcalde era entonces responsable.

El asunto lo destapó el propio Gabriel Echávarri cuando anunció que el interventor del Ayuntamiento había puesto reparos a determinadas facturas y que lo consultaría al Consell Jurídic Consultiu para conocer si se había producido algún tipo de error "administrativo". 

Pero el asunto cobró una formidable dimensión al conocerse más datos de los contratos que realizó el área de Comercio a finales de 2016. El papel de la oposición en este tema es de una notable importancia puesto que el PP llevó el tema a la Fiscalía y posteriormente al juzgado, mientras que Ciudadanos pidió una comisión municipal de investigación, que ha servido para clarificar el asunto, y esta misma semana ha presentado también una denuncia en los tribunales.

Las sospechas de ilegalidad se refieren a 25 contratos realizados por la Concejalía de Comercio, de un importe de algo más de 189.000 euros en total, correspondientes a la campaña de Navidad de 2016. Se trata de facturas menores, de una cuantía inferior a 18.000 euros, aunque hay una que coincide con ese importe.

El PP considera que la sospecha de que se fraccionaron contratos es real y que por tanto el alcalde puede haber cometido un presunto delito de "prevaricación".