2015 supuso un cambio. Por primera vez desde 1995, el PP perdía la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Alicante: los populares vencieron obteniendo 8 concejales, pero perdiendo más de la mitad de los obtenidos en 2011; el PSOE obtenía el peor resultado de la historia en la ciudad, sacando 6 concejales; los grandes vencedores fueron Ciudadanos (entrando con 6 concejales y el mejor resultado municipal de España), Guanyar (triplicando su representación, también con 6  concejales) y Compromís, entrando después de muchos intentos en el ayuntamiento con 3 concejales.

Este resultado parecía que iba a dejar atrás una de las legislaturas más infaustas que se recuerdan, con una alcaldesa que era objeto de mofa y escarnio nacional a causa de los presuntos tratos de favor a Enrique Ortiz, con un "píntame esto de azul y esto de verde" sobre el plan general, lo que le supuso su imputación judicial y la imposibilidad de poder ser candidata en 2015 a causa de la moción presentada por el concejal Fernando Llopis.

Sin embargo, lo que iba a suponer un soplo de aire fresco y una vuelta a la normalidad, especialmente en la conflictiva área de Urbanismo, de la cual tomo el relevo el portavoz de Guanyar y vicealcalde Miguel Ángel Pavón, resulto ser un cumulo de quebraderos de cabeza para el comercio y la hostelería local. Desde la no renovación de licencias en la Calle Castaños hasta el cierre desproporcionado de conocidas franquicias o locales de ocio de referencia como Marmarela, pasando por la renuncia de grandes inversiones a implantarse en la ciudad, como el hotel proyectado en la Casa Alberola o la multinacional sueca IKEA.

Tras años de crisis económica y política, una ciudad cuya economía descansa en el sector servicios necesita tener un área como la de urbanismo que no se vea afectada por los manifiestos del político de turno, y que atienda las peticiones en tiempo y forma para poder generar empleo y resultados. De todos es conocido los despropósitos históricos que ha sufrido nuestro patrimonio local, las infracciones cometidas y las molestias que han causado ciertas instalaciones. Pero eso no se arregla dirigiendo el área de una forma autoritaria, ineficaz o sectaria, como lo está llevando a cabo el regidor comunista. Se requiere altura de miras: defendiendo la legalidad y exigiendo que se cumplan los requisitos en materia de arquitectura, sanidad o seguridad, pero también buscando el interés común sin lesionar los derechos e intereses legítimos ni causando perjuicios de imposible o difícil reparación, como los que está produciendo el concejal izquierdista, aplicando la ley vulnerando la proporcionalidad, por ejemplo dejando a su vez sin posibilidad de trabajo o mandando a decenas de trabajadores alicantinos al paro a causa de sus decisiones.

Alicante no está condenada a regidores deshonestos o a regidores inmovilistas, podemos tener una ciudad con responsables diligentes que a la vez potencian la inversión y protegen nuestro patrimonio y protegen el empleo y los derechos y libertades de sus conciudadanos. Observando la trayectoria de Pavón, es difícil que él o el responsable último de su nombramiento, el Alcalde socialista Gabriel Echavarri, reflexionen. Pero se suele decir que mientras hay vida, hay esperanza. O al menos hasta que decreten su cierre.