Día Sábado, 22 de Noviembre de 2025
RECLAMACIONES
¿Quién pide una indemnización de 20 millones por la nulidad del Plan Rabassa?

Las siete reclamaciones contra el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat presentadas por la nulidad del Programa y Plan Parcial "Las Lagunas de Rabassa" suman un importe global de 20,4 millones de euros.
Los abogados del Ayuntamiento de Alicante y de la concejalía de Urbanismo van a estudiar las siete reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de indemnización presentadas por los supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad del Programa y Plan Parcial "Las Lagunas de Rabassa", así como de la adjudicación como agente urbanizador de dicho programa a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, hoy Alicante Avanza. Esta es la promotora de la ATE que prevé un macrocentro comercial con tienda de Ikea en Rabassa y que el pasado 9 de junio solicitó el desistimiento y archivo de dicha ATE.
Según explican desde el equipo de gobierno, las siete reclamaciones se dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento y la Generalitat y suman un importe global de 20,4 millones de euros. ¿Quién pide esa indemnizacón?. Del total, 11,27 millones son reclamados por Viviendas Sociales del Mediterráneo (Alicante Avanza), 6,77 millones por la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos, 1,49 millones por Cerámica La Florida, 625.000 euros por Valle Levante, 246.000 euros por Ortiz Desarrollos Urbanísticos, 22.000 euros por Camservi Obras y Servicios SL y 4.200 euros por Nuevo Garbinet.
El equipo de gobierno explica que un equipo jurídico integrado por miembros de la asesoría jurídica municipal y de la Concejalía de Urbanismo estudiará en detalle el contenido de las reclamaciones, que serán resueltas en los plazos legales previstos (seis meses, que podrían ampliarse a otros seis) "anteponiendo en todo momento la defensa de los intereses municipales" y del interés general de la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas al "confeso financiador ilegal del PP, Enrique Ortiz", que promovieron un plan aprobado por el PP local y autonómico "en la época de Alperi, Castedo y Camps". "Un plan especulativo e insostenible que fue tumbado en los tribunales gracias a los recursos interpuestos por distintos actores sociales y políticos de la ciudad", explican desde el gobierno tripartito.













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