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ISRAEL CORTÉS
Martes, 3 de abril de 2018
TRIBUNA DE OPINIÓN

Cuando el odio es delito

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El concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante Israel Cortés reflexiona en este artículo sobre los importantes pasos que ha dado España para luchar contra los delitos de odio. Sin embargo, Cortés llama la atención sobre la persistencia de prejuicios y estereotipos culturalmente muy arraigados, que gozan de una aceptación y una permisividad generalizadas.

Que te nieguen la entrada a un establecimiento público por el simple hecho de ser -o parecer- gitana y termines en comisaría acusada de escándalo público. Que te insulten en plena calle y te muelan a palos tras evidenciar sin tapujos tu orientación sexual. Que un ayuntamiento te retire una ayuda, previamente solicitada, concedida y merecida, por pertenecer a determinada confesión religiosa. Cada día, cientos de personas, si no miles, sufren algún tipo de agresión u ofensa por causa de su pertenencia étnica, su orientación o condición sexual, su fe, sus creencias o su ideología, por su aspecto físico, su discapacidad o cualquier otra circunstancia o condición social o personal. Muchos de estos comportamientos son tan cotidianos, tan sutiles a veces, que ni agresor ni agredido tienen conciencia de la lesividad o de la gravedad de lo sucedido. El agresor justificará su acción de un modo u otro, entre risas, sin gracia ninguna, y el agredido, resignado, morderá su lengua, por enésima vez, y seguirá su camino a fin de evitar un mal mayor.

 

Los delitos de odio se caracterizan por incluir el odio y/o la discriminación como elemento motivador. En los últimos años se han realizado importantes cambios normativos encaminados a enfrentar a este tipo de delitos. Con la modificación del Código Penal en 2015 se amplió el grueso de las conductas susceptibles de sanción penal por actos racistas o xenófobos y se endurecieron las penas. De otra parte, la modificación de Ley de Enjuiciamiento Civil de ese mismo año, incorporó nuevos instrumentos, como la figura del agente encubierto informático, para la investigación de los mensajes ofensivos en internet y particularmente en redes sociales.

 

Ahora bien, de poco sirven estos avances si no se secundan, de forma adecuada y decidida, por quienes han de garantizar el cumplimiento de la ley. Por fortuna, tanto la Judicatura como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están haciendo su parte. Ya contamos con Fiscales de Delitos de Odio y Discriminación en todo el país, incluso en algunas provincias se cuenta con un turno de oficio especializado para estos casos. Por otro lado, la Policía, en el punto de mira por el supuesto -y siempre desmentido- uso de perfiles raciales, también está cumpliendo notablemente. Primero, con la creación del Protocolo de Actuación para los Delitos de Odio, que se ha convertido en una pieza cardinal. Y en segundo lugar, con la figura policial del “interlocutor social”, que ha permitido afianzar la relación y la colaboración -fundamental- con las organizaciones representativas de minorías y colectivos vulnerables, y extender una labor de formación y sensibilización -indispensable- entre los más jóvenes.

 

A pesar de la constante evolución de nuestra sociedad -hoy más heterogénea y diversa que nunca-, persisten entre nosotros, en cada estrato y ámbito social, prejuicios y estereotipos culturalmente muy arraigados, que gozan de una aceptación y una permisividad generalizadas y casi infranqueables. En este contexto no solo se justifica la conducta del racista sino que se responsabiliza a las víctimas del hecho discriminatorio. Del mismo modo que hace unas décadas la mujer que sufría una violación era acusada, humillada, ajusticiada y mortificada  por usar una falda demasiado corta, se culpabiliza al agredido -o se presume, injustamente, su culpa- y se exculpa al agresor. Tenemos un problema y conviene que lo reconozcamos si queremos dar con la solución. 

 

El pasado 26 de Marzo tuvo lugar una Jornada sobre Delitos de Odio, organizada por la Asociación de Juristas Gitanos en colaboración con la Universidad de Alicante, que reunió a Policía Nacional, abogados, profesionales y representantes de minorías para debatir acerca de la efectividad de los instrumentos existentes para la protección de las víctimas de delitos de odio. Además de destacar la importancia de la labor de prevención, todos y cada uno de los intervinientes coincidieron al apuntar la denuncia como la herramienta más eficaz para combatir los delitos de odio.

 

Sin embargo, las víctimas no denuncian. ¿Por qué? Porque el cambio legislativo no es suficiente para producir el cambio social y cultural que se requiere. Porque quien sufre racismo o discriminación lo encaja con normalidad y sin conocer siquiera que está sufriendo una agresión penalmente perseguible. Y quien sí lo sabe, duda que su denuncia pueda servir para algo.  Porque, en ocasiones, quien te atiende y debe protegerte lo hace con demasiada condescendencia y muy poca empatía. Porque cuesta lo indecible para que jurídicamente prospere la denuncia en fiscalía. Porque si prospera, el ofendido ha de transitar un via crucis tan doloroso o más que la propia agresión sufrida hasta obtener una resolución judicial favorable. Si es que se da. Porque no lo digo yo, sino Fabiola Moreno, de Juristas Gitanos, estudiante de Derecho y víctima de una agresión que se atrevió a denunciar. Y yo le creo, hasta que se demuestre lo contrario.

 

* Israel Cortés es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante

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