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REDACCIÓN
Martes, 14 de noviembre de 2017
DESCARGA DE GRANELES

Las tres empresas estibadoras del Puerto de Alicante llevan al juzgado a Urbanismo

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Las tres empresas estibadoras de graneles en el Puerto de Alicante: Berge Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante han presentado un recurso contencioso administrativo contra la desestimación de los recursos de reposición interpuestos frente a los decretos de la Concejalía de Urbanismo por los que se pidió a las empresas licencia ambiental para el desarrollo de su actividad. Las tres empresas solicitan al juzgado que prolongue en la fase judicial la medida cautelar de suspensión de ejecución de los decretos.

En el recurso interpuesto por Berge Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante las tres empresas estibadoras de graneles en el Puerto de Alicante solicitan al juzgado que prolongue la medida cautelar de suspensión de ejecución de los decretos.

 

Las empresas explican que los decretos se encontraban ya suspendidos desde el 15 de octubre al no haberse pronunciado expresamente el Ayuntamiento sobre las peticiones de su suspensión dentro del plazo máximo legal del mes siguiente a la fecha de tal solicitud.

 

Las tres mercantiles señalan que hasta que se pronuncie el juzgado contencioso sobre la procedencia de adoptar o no dicha medida cautelar, dichos decretos están suspendidos automáticamente por "imperativo legal", tal como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Tribunal Constitucional.

 

Para las mercantiles cualquier actuación administrativa que pretendiera desconocer dicha suspensión "comportaría una manifiesta ilegalidad, al invadir la potestad que ostenta el órgano judicial competente de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada y vulnerar el principio de tutela judicial efectiva".

 

DAÑOS A LAS EMPRESAS Y A LOS TRABAJADORES PORTUARIOS

 

Para las mercantiles esta actuación "contraria a derecho" genera "importantes daños y perjuicios a la empresas estibadoras y trabajadores y usuarios portuarios, acarrearía un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración, al margen de las responsabilidades de otros órdenes en las que se podría incurrir".

 

Una responsabilidad agravada en una actuación impropia de un Estado de Derecho y desconocedora de los más elementales principios de seguridad jurídica, la Concejalía de Urbanismo incurre en el anómalo proceder de anunciar a través de la prensa y redes sociales el contenido de resoluciones administrativas supuestamente dictadas (caso de los anunciados Decretos de suspensión de actividad), antes de notificarlas en debida forma los interesados directamente afectados.

 

Las empresas también entran en el fondo del asunto y explican que no es cierto que el instrumento ambiental municipal para el desarrollo de la actividad de estiba de los graneles tenga que ser necesariamente licencia ambiental. "La ley admite expresamente en tales casos la posibilidad de acudir al trámite simplificado de la declaración responsable ambiental si se aporta una autorización autonómica de emisiones a la atmosfera y licencia de la Autoridad Portuaria (Ministerio de Fomento), que es lo que hicieron las empresas estibadoras" al aportar toda la documentación legalmente exigible el 14 de diciembre de 2016.

 

"En el caso de la actividad de tráfico de graneles pulverulentos, la protección de la contaminación atmosférica es competencia exclusiva de la Conselleria y se encuentra ya cubierta por la autorización de emisiones concedida mediante resoluciones autonómicas" el 21 de noviembre de 2016 y el 6 de abril de 2017. "El Ayuntamiento, que no ha cuestionado tales resoluciones, no puede incidir en esta materia al conceder una hipotética licencia ambiental, ya que estaría invadiendo la competencia de la Consellería", destacan las empresas.

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