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Viernes, 12 de mayo de 2017
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La Comisión de Investigación de los contratos de Comercio muere antes de nacer

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Noticia clasificada en: CONTRATOS DE COMERCIO

La Comisión de Investigación de los contratos supuestamente fraccionados de la Concejalía de Comercio de Alicante todavía no se va a crear, pese a que este asunto ha generado incluso una denuncia del PP contra el alcalde en la Fiscalía de la Audiencia.

Los cinco concejales del Ayuntamiento de Alicante que integran la Comisión de Investigación de los contratos supuestamente fraccionados de la Concejalía de Comercio han decidido esta tarde suspender la creación de la Comisión hasta que se resuelva el recurso de impugnación que ha presentado Ciudadanos. La Comisión muere antes de nacer.

 

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, aprobó un decreto que establecía que la Comisión estaría integrada por un concejal de cada grupo político, en lugar de dos como es norma en estas comisiones. Tanto Ciudadanos como el PP vieron en este movimiento del alcalde un intento de frenar la investigación de los contratos.

 

Tras la suspensión de la creación de este órgano, la portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha explicado esta situación "refuerza" la decisión que hace varias semanas tomó el Partido Popular de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia por el posible fraccionamiento de contratos en las facturas de la Concejalía de Comercio. "Este presunto fraccionamiento apunta directamente al primer edil, Gabriel Echávarri, que podría haber cometido un delito de prevaricación, reitera la edil.

 

De España señala que el "bloqueo" del alcalde a una decisión tomada por el pleno puede demorar hasta dos meses la celebración de esta Comisión de Investigación, dado que el plazo para estudiar el recurso de impugnación de la decisión tomada por Echávarri es de 30 días, y el plazo para resolverse es de otros 30.

 

"Estamos comprobando la poca predisposición de Echávarri de dejar trabajar a la Comisión de Investigación", apunta la concejal del PP. El Partido Popular incide en que la anulación de los contratos aprobada por la junta de gobierno local y el posterior reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar los servicios de esos contratos menores no frenan la responsabilidad que pudiera existir.

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