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REDACCIÓN / EFE
Viernes, 7 de abril de 2017
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La Diputación de Alicante lleva el decreto de Plurilingüismo de Marzà a los tribunales

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Noticia clasificada en: VALENCIANO

La Diputación de Alicante ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que pide la nulidad del decreto de Plurilingüismo impulsado por el conseller de Educación, Vicent Marzà. La Diputación entiende que no se ajusta a derecho.

La Diputación de Alicante pide en el recurso ante el TSJCV que imponga una suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo para evitar que se implante antes de que concluya el proceso judicial. Así lo ha explicado el portavoz del PP y del gobierno en la Diputación alicantina, Carlos Castillo, durante una rueda de prensa celebrada hoy (en la imagen), en la que ha detallado que, en opinión de su grupo, el decreto presuntamente incumple varios artículos de la Ley de Usos del Valenciano, el Estatuto de Autonomía e, incluso, la Constitución Española.

 

También ha resaltado en varias ocasiones que la legitimidad de la institución provincial para presentar este recurso judicial (lo interpuso ayer) viene recogida en la ley autonómica de régimen local y está avalada en la necesidad de "defender el interés general" de los ciudadanos de la provincia.

 

En este sentido, Castillo ha destacado que la Alicante "es la provincia más castellano hablante" de la Comunitat y que el decreto es, por ende, "un hecho de discriminación flagrante". Ha justificado esa postura en el hecho de que el documento de Marzà "premia a aquellos alumnos que reciben una educación basada en un nivel avanzado de valenciano, ya que tienen acceso a mayor número de horas lectivas en inglés", según el portavoz del gobierno popular de la Diputación de Alicante.

 

"La idea de progreso aparece vinculada al estudio del valenciano", mientras que la postura que defiende la Diputación alicantina es que "el inglés debe impartirse por igual en todos los ciclos formativos, con independencia de la lengua vehicular que se haya escogido", ha subrayado Castillo.

 

NIVEL AVANZADO Y CARGA LECTIVA DE INGLÉS

 

Según ha desvelado, el número de colegios que se han decantado por el nivel avanzado hará que los alumnos de la provincia reciban "un 43% menos de carga lectiva en inglés que Castellón y un 15% menos que Valencia". Además, "el cuádruple de colegios que Castellón y más del doble con respecto a Valencia" se han decantado por el nivel básico, "el que conlleva menos horas de inglés y carece de certificación final del idioma", según Castillo.

 

El portavoz popular ha insistido en que este recurso judicial "no es contra el valenciano", sino que va enfocado a "garantizar la igualdad de oportunidades" de los alumnos alicantinos, "dentro de un modelo de libre enseñanza". Así, ha recordado que el entonces gobierno autonómico del PP ya aprobó en 2012 un decreto por el cual se habilitaba la opción de estudiar en línea castellana o valenciana, un modelo que, para Castillo, logró "la convivencia pacífica" de ambas lenguas. "Esta imposición normativa ha sido cuestionada desde un inicio", ha opinado Castillo, en referencia a las críticas y amenazas de denuncia efectuadas por diversos sindicatos educativos y AMPAS.

 

Por su parte, el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular ha difundido hoy un comunicado en el que afirma haber presentado un recurso contencioso-administrativo en el TSJCV en el solicita la derogación del citado decreto, por entender que "suprime el derecho de los padres a elegir lengua vehicular en la enseñanza".

El Foro está integrado por Concapa Comunidad Valenciana, de padres de la concertada, Covapa, de padres de la pública (integrada por la FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9 d' Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón), y la asociación Idiomas y Educación. "El documento por el que se recurre el Decreto 9/2017, de plurilingüismo, solicita el expediente completo de tramitación de la norma", señala. Las tres entidades piden la derogación de un decreto que, a su juicio, "suprime el derecho de los padres a elegir lengua vehicular en la enseñanza".

 

Además, según este foro, "genera desigualdades a través de numerosos aspectos en los que el decreto discrimina a los alumnos, como en la supresión de la posibilidad de estudiar en castellano las materias troncales, aun tratándose de la lengua materna de un gran número de alumnos y que es lengua oficial del Estado".

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