Hoy arranca en la Comunitat Valenciana una huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública. Quienes nos dedicamos a la educación —desde dentro, no desde el palco— entendemos perfectamente el fondo del asunto. Los docentes valencianos se encuentran a la cola de las retribuciones en España, y la parte autonómica de su salario no se ha actualizado desde 2010. Según datos del propio CSIF, los profesores de la pública valenciana cobran de media hasta 300 euros menos al mes que sus compañeros de otras comunidades, ocupando la posición 13 de 17 en el ranking autonómico. Eso no es una queja sindical: es una injusticia objetiva y cuantificable. Hay que decirlo con claridad.

La Generalitat Valenciana ofreció como última propuesta una subida de 1.050 euros anuales, que los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en dieciséis años. Las reivindicaciones van más allá del salario: incluyen mejoras en infraestructuras, bajada de ratios y otras condiciones laborales que llevan tiempo sin abordarse seriamente en ninguna mesa de negociación real. Todo ello es legítimo. Más que legítimo: necesario.

Dicho esto, quien escribe estas líneas —y que ha pasado (en lay pasa) unos cuantos años en las aulas, no en los despachos— se permite plantear algunas preguntas incómodas que el debate público tiende a esquivar.

La primera es sobre el momento.

Estamos a 11 de mayo. Quedan poco más de cuatro semanas para que finalice el curso escolar. En ese tramo final, millones de familias y decenas de miles de alumnos —especialmente los de segundo de bachillerato, que afrontan ya sus evaluaciones finales y la EBAU a principios de junio— están en la recta decisiva de años de esfuerzo.

Una huelga indefinida en este momento no afecta igual en octubre que ahora. Puede que la estrategia de presionar en el peor momento para la administración sea racionalmente comprensible desde la lógica sindical; pero la racionalidad sindical y la responsabilidad educativa no siempre apuntan en la misma dirección. Los alumnos no son rehenes de ningún conflicto laboral, aunque a veces lo parezca.

La segunda pregunta tiene que ver con el relato.

"Educación pública, educación pública": ese es el leitmotiv de las convocatorias, de las pancartas, de los comunicados. Pero hay que recordar que en la Comunitat Valenciana —como en el resto de España— estudian también centenares de miles de alumnos en centros concertados y privados. Sus familias pagan impuestos. Sus profesores trabajan con los mismos currículos, las mismas ratios, muchas veces los mismos problemas. Y sin embargo, no aparecen en el discurso. ¿Acaso, por ejemplo, CCOO y UGT, que tienen representación también en los convenios de la concertada, piensan distinto según el titular del centro? La educación es un derecho universal, no un monopolio de la red pública.

La tercera pregunta es más delicada, pero igualmente pertinente: ¿tiene esta huelga algo de trasfondo político más allá de lo estrictamente de derechos laborales?

No lo afirmo; lo pregunto. Cuando la convocatoria se concentra casi exclusivamente en competencias autonómicas —retribuciones complementarias, plantillas, infraestructuras— y obvia deliberadamente aquellas que dependen del Estado —como las retribuciones básicas o el marco normativo de ratios—, uno no puede evitar preguntarse si el calendario del conflicto tiene algo que ver también con el color del gobierno que gestiona la Conselleria de Educación.

Que conste: las reivindicaciones docentes en la Comunitat Valenciana son justas y llevan demasiado tiempo sin respuesta. Pero la legitimidad de las causas no exime de responsabilidad en las formas. Y en educación, las formas también educan.

* Manuel Martínez Sirvent es politólogo y docente en Secundaria y Bachillerato; especializado en educación, estrategia política y análisis social.