El alquiler turístico afronta más burocracia con el sistema de doble registro

La propuesta de implantar un sistema de doble registro para las viviendas de uso turístico en España, es decir, exigir tanto la inscripción en el registro autonómico de viviendas turísticas como en un registro estatal de alquileres de corta duración, ha generado rechazo significativo entre administraciones autonómicas y operadores del sector, a la vez que activa alertas desde las instituciones europeas por duplicar cargas administrativas sin una clara mejora en el control.

La Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana ha pedido al Gobierno central que reconsidere la implantación del conocido como Registro Único de Viviendas de Uso Turístico, una medida promovida desde el Estado que obligaría a que cada vivienda turística figure en dos bases de datos distintas. Según la consellera responsable de Turismo, esta duplicidad no solo obstaculiza la operativa del sector, sino que podría entrar en conflicto con la normativa comunitaria al generar “duplicidad administrativa e inseguridad jurídica” para propietarios y gestores.

La preocupación se intensificó tras el reciente pronunciamiento de una agencia técnica vinculada a la Comisión Europea, que advirtió de que España podría estar vulnerando la normativa del mercado interior al mantener registros paralelos (el estatal y los autonómicos) para la misma vivienda. Esta situación, según los expertos comunitarios, obliga a los propietarios a tramitar procedimientos redundantes que no aportan beneficios claros en términos de transparencia o control, y que, en cambio, incrementan costes y tiempos de gestión. 

Propietarios y plataformas del sector turístico también han expresado su inquietud ante la doble exigencia de inscripción. Desde la entrada en vigor, el 1 de julio de 2025, del registro nacional único de arrendamientos de corta duración, todas las viviendas que se ofertan en plataformas digitales como Airbnb o Booking deben contar con un código de registro oficial para poder operar legalmente. En la Comunitat Valenciana, este requisito ha llevado ya a que miles de apartamentos turísticos hayan completado la inscripción o, alternativamente, hayan perdido visibilidad en los portales de alojamiento por no cumplir con la normativa. 

La propuesta de doble registro también genera debate sobre su impacto real en el mercado local de vivienda en zonas de alta demanda turística como las costas de Alicante. Mientras algunos argumentan que podría ayudar a combatir el alquiler ilegal y mejorar la transparencia, otros advierten que una exigencia administrativa más compleja dificultaría a pequeños propietarios la puesta en alquiler legal de sus inmuebles, con el consiguiente efecto sobre la oferta turística y la economía local.

La cuestión está ahora pendiente de debate en foros sectoriales como la próxima Conferencia Sectorial de Turismo, donde se valorará si se mantienen, modifican o eliminan requisitos que, según la Generalitat Valenciana, no cumplen con los estándares europeos de simplificación y seguridad jurídica.