La Diputación centraliza la inspección de las instalaciones de depuración y saneamiento de la provincia

La Diputación de Alicante dará un paso más en la supervisión del ciclo integral del agua en la provincia tras aprobar en el pleno de febrero la aceptación de la delegación de competencias para controlar e inspeccionar las instalaciones de saneamiento y depuración financiadas total o parcialmente por la Generalitat Valenciana.

Con este acuerdo, la institución provincial pasará a supervisar la totalidad de las instalaciones públicas de este tipo en la provincia, una función que hasta ahora ejercía sobre unas 130 estaciones. La cesión de competencias queda regulada mediante convenio con la administración autonómica y la EPSAR.

Desde la oposición se ha reconocido que la medida “regulariza” una situación que se venía arrastrando desde hace años, aunque han señalado que llega tarde, ya que el anterior convenio finalizó en 2017 y, según se ha expuesto en el debate, se mantuvo mediante prórrogas a través de Proaguas. La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha defendido que ese procedimiento fue el aplicado durante los últimos años y ha subrayado que el nuevo convenio permite “solucionar un problema” y reforzar el control público sobre todas las instalaciones de la provincia.

En la misma sesión, ha tomado posesión como diputado provincial el alcalde de El Campello, Juan José Pérez Berenguer, que sustituye a la anterior diputada Lourdes Llopis.

Dos mociones fuera del orden del día: agua y Plan VIVE

Fuera del orden del día se han debatido dos mociones. La primera, presentada por Vox e incorporando una enmienda del Partido Popular, ha salido adelante con la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE. El texto plantea impulsar el proyecto de “vertido cero” y mejorar la gestión hídrica, incluyendo la solicitud de una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para definir una hoja de ruta con actuaciones concretas.

La segunda moción, firmada por Compromís, pedía responsabilidades políticas, transparencia y un cambio del modelo del Plan VIVE tras la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas a altos cargos del PP. La iniciativa solo ha contado con el apoyo del PSOE, mientras que Vox se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra. Durante el debate, la diputada y concejala alicantina Cristina García Garri ha calificado la petición de “oportunista” y ha indicado que el asunto se abordará en un pleno monográfico y extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante, al tiempo que ha defendido la actuación municipal, recordando que se ha abierto expediente y que el caso se ha trasladado a la Fiscalía para esclarecer los hechos.