Derecho internacional y tiranos: un dilema incómodo, con divagaciones incluidas

Derrocar a un dictador suena bien, incluso reconfortante, como cuando decides ordenar el armario un domingo por la tarde. La idea tiene un brillo moral inmediato: nadie llora por un tirano, igual que nadie llora cuando desaparece el ruido de una obra en la calle. Pero aquí aparece el derecho internacional, que no es ese amigo comprensivo que te apoya en cualquier decisión impulsiva. No, es más bien como el contable escéptico que te revisa las cuentas: su trabajo no es premiar tus buenas intenciones, sino evitar que el mundo financiero —o en este caso, geopolítico— se descontrole. Por eso prohíbe el uso de la fuerza casi sin excepciones. No lo hace por ignorar al déspota de turno —seguramente lo detesta tanto como tú—, sino porque conoce el patrón histórico: si cada país decide por su cuenta a quién "liberar" a balazos, pronto cualquier motivo será válido. Y entonces, el mundo regresa a esa ley del más fuerte que tanto nos costó dejar atrás, como volver a comer azúcar después de un régimen: tentador, pero con consecuencias desastrosas.

El problema, en el fondo, nunca es solo el dictador en sí. Es el precedente que se establece, esa pequeña rendija por la que luego se cuela el caos. Es como cuando en mi edificio permitimos que la señora del tercero pusiera un tiesto grande en el rellano. "Es solo uno", dijimos. Hoy hay diecisiete macetas, un bonsái y una fuente zen que atrae mosquitos. En política internacional, hoy la excusa puede ser "derrocar a un tirano"; mañana será "corregir una elección un poco dudosa", "proteger intereses económicos legítimos" o "restaurar el orden" en un lugar donde el desorden es tan intrincado como mi relación con mis primos de Crevillente. La soberanía, ese principio que suena tan noble en los discursos, deja entonces de ser un límite sagrado y se convierte en un simple estorbo, algo que se aparta cuando molesta. Y una vez que eso pasa, ya no hay vuelta atrás.

Lo que nos lleva a la pregunta incómoda, esa que siempre surge en medio de la noche, junto a la duda de si cerré la llave del gas: ¿quién decide cuándo y cómo? Porque, dejemos claro, no hablo de un comité de vecinos decidiendo el color de la fachada. La historia, esa maestra con muy mal carácter, nos ha enseñado una y otra vez que sacar al déspota suele ser la parte relativamente sencilla —un golpe de suerte, una presión internacional, un levantamiento—. Pero construir justicia después, eso ya es otra película, y casi siempre un drama largo y complicado. Cuando se rompen las reglas internacionales en nombre de un bien superior, lo que suele llegar no es la libertad idílica que imaginamos, sino caos, violencia y, lo más trágico, nuevas víctimas que ni siquiera veían venir su papel en esta función.

En el caso concreto que todos tenemos en mente —y que flota en el aire como la promesa de una reunión familiar inevitable—, el dictador es apenas la cara visible, el síntoma más llamativo. Detrás de él se extiende todo un sistema: los lugartenientes leales, los mandos militares comprometidos, la maquinaria de control, corrupción y represión que ha aprendido a funcionar con una eficiencia aterradora. Si solo cambias al de arriba —el que aparece en las fotos— y dejas intacto todo lo demás, lo que sigue no es una democracia renacida. Es, en el mejor de los casos, un reacomodo: los mismos poderes, con nuevos nombres, buscando cómo acomodarse en el sillón que quedó vacío. Es como cambiar al director de una orquesta desafinada: sin cambiar a los músicos ni las partituras, la melodía seguirá siendo la misma.

Y aquí viene la parte realmente difícil, la que no se soluciona con discursos o sanciones: el régimen no solo capturó el poder, capturó la vida diaria. Se infiltra en la economía, en los medios, en los trámites más pequeños. Se sustenta en el miedo, en los favores, en la red de dependencias que hace que incluso quienes lo sufren dependan de él para sobrevivir. Liberar un país así no es cuestión de un decreto o un milagro electoral. La transición real, la auténtica, empieza cuando se logra desarmar esa red intricada sin provocar un incendio que lo consuma todo. Es una operación de microcirugía en un paciente que está, metafóricamente hablando, en llamas.

El reto final, por tanto, es monumental y profundamente moral: cómo unir a un país sin caer en la venganza, pero sin permitir la impunidad. Requiere una justicia precisa, casi quirúrgica, para los máximos responsables; verdad y reconocimiento para las víctimas; y garantías reales para que quienes solo fueron engranajes menores puedan soltar lastre y reintegrarse. Sobre todo, exige un plan para que la gente no solo sobreviva —que ya es mucho—, sino que vuelva a aprender a vivir, a imaginar un futuro. Porque la libertad, la de verdad, no llega con un presidente nuevo ni con una bandera diferente. Llega cuando el Estado deja de ser una amenaza constante y se convierte en algo que, sin ser perfecto, al menos no te quita el sueño. El resto, como me susurra a menudo mi psiquiatra, son solo buenas intenciones. Y ya sabemos, por experiencia propia y ajena, por dónde suelen estar pavimentados esos caminos.

Por Rj Simón