El fiscal pide absolver a la exedil de Cultura de Castalla

La acusación particular, ejercida por el PP de Castalla, considera que la exedil del PSPV-PSOE, ahora desvinculada del ayuntamiento, pudo conceder la organización del certamen a su propia empresa (Corda i Nuc) a través de una sociedad cooperativa interpuesta (Yabaltariq), a la que se contrató de manera directa (sin concurso) al no superar el límite legal exigido para ello.

En su alegato final, el acusador público ha insistido en su calificación inicial de los hechos al considerar que no ha quedado acreditado que Magdalena Durá cometiese el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios que le ha llevado a juicio, después de que, en la última fase de la instrucción, se eliminasen los cargos por fraude y prevaricación que también apuntaba el PP.

Según el fiscal, a partir de las actas de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento, se habría podido comprobar que Durá no tomó ninguna decisión relacionada con la contratación de la feria, ya que fue un acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

Además, tampoco ha quedado acreditado que existiese ninguna relación entre Yabaltariq y la empresa de la que Durá era administradora única, en función de la información recogida en el acta de constitución de dicha sociedad cooperativa, ahora extinguida "sin que se haya podido localizar a sus responsables" en los siete años de instrucción previa.

Al no haberse demostrado ese posible vínculo, tampoco existiría constancia de que la procesada pudiese haber obtenido beneficio alguno de la decisión adoptada por el Ayuntamiento cuando ella ejercía su cargo de concejal.

Además, ha subrayado que la denuncia presentada por el PP podría tener su origen en la voluntad de "embarrar la política" en el municipio, ya que los testimonios recabados en el juicio tampoco habrían aportado ninguna prueba concreta sobre las supuestas anomalías y, en su lugar, sí habrían incurrido en varias contradicciones.

Entre los testigos, ha comparecido el concejal de Fiestas que sucedió a Durá en 2013, Esteban Leal (PP), que fue quien detectó las posibles irregularidades a partir de la información que le facilitó una de las artesanas que participaron en la feria con un puesto propio.

Esa artesana también ha comparecido en el juicio y ha declarado que negoció su presencia en el certamen con la empresa de Durá y que, incluso, fue la pareja de ella quien le cobró por la ocupación del espacio. El marido de Durá, que también ha prestado testimonio, lo ha negado.

La acusación particular, por su parte, sí ha considerado que existen indicios suficientes para condenar a Durá por un delito de negociaciones prohibidas penado con multa e inhabilitación, en la medida en que existían correos electrónicos remitidos desde la cuenta de su empresa a artesanos como la citada testigo que evidenciarían que Durá sí tuvo participación en la organización de la feria.

Además, ha negado que la denuncia del PP tuviese voluntad política sino que se trató de que se aclarasen los hechos tras detectar irregularidades. Por último, ha matizado que los acuerdos que se aprueban en la Junta de Gobierno son a instancias de los acuerdos propuestos por los concejales.

La defensa también ha solicitado la libre absolución al subrayar todos los argumentos expuestos por la Fiscalía. En esta línea, ha destacado la falta de pruebas que avalasen las acusaciones. El juicio ha concluido tras sus dos primeras sesiones y el jurado popular deliberará este miércoles para emitir su veredicto.