Las defensas piden anular los pinchazos de Brugal

La solicitud para anular esos pinchazos telefónicos efectuados por la Policía Nacional con autorización judicial ha protagonizado la primera sesión de la vista oral para esta rama del caso Brugal que tiene 34 acusados y que se prolongará hasta el próximo diciembre, que se ha dedicado exclusivamente a las cuestiones previas.

La investigación de las presuntas ilegalidades en la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela destapó 17 piezas separadas sobre supuestas irregularidades en toda la provincia de Alicante, entre ellas las del plan zona de residuos de la Vega Baja y del PGOU de la ciudad de Alicante, con los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (PP) como investigados.

Mariano Bo, abogado del principal encausado, el industrial oriolano Ángel Fenoll (para el que piden más de 37 años de prisión), ha señalado que el "proceso está viciado de nulidad" al asegurar ante el tribunal que las intervenciones telefónicas "carecen de motivación" ya que empezaron en torno a las basuras de Orihuela pero muy pronto se convirtieron "en ver lo que caía en el saco de la investigación".

Para este letrado, se cayó en "rastreos preventivos" que vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir, ya que los pinchazos y sus prórrogas se motivaron en el "cajón de sastre" que engloba la "corrupción política" pero sin citar delitos concretos, como pueden ser el cohecho, prevaricación o malversación.

El defensor del exalcalde oriolano José Manuel Medina (PP), Germán Guillén, ha coincidido en que "la causa está viciada de nulidad en su totalidad" y se ha adherido a las peticiones del abogado de Fenoll.

Además de los pinchazos, las defensas han puesto en duda el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción, durante 36 meses desde la primavera de 2007 y 2010.

Este juicio a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial sobre el contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela, origen de la operación Brugal, se prolongará hasta finales de año.

La sesión ha comenzado a las 10.44 horas con estas cuestiones previas en la sala de vistas 10, que prácticamente se ha llenado con los 34 enjuiciados y los 25 abogados que les representan (algunos acusados comparten letrado).

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina y de las 34 personas que se enjuician, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la Fiscalía pide 12 años de prisión, para su sucesora Lorente 8 y para el principal implicado, Fenoll, un total de 37 años y 8 meses.

Sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, conformó una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".

Entre las piezas separadas destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberá ser juzgado el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital provincial.