Un año de cárcel a una exempleada de la ONCE

Una exempleada de la ONCE en Alicante ha sido condenada a un año de cárcel y a devolver sumas que oscilan entre 131 y 340 euros a seis vendedores de la organización a los que engañó quedándose con un elevado número de cupones.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado íntegramente la condena a un año de prisión impuesta por un delito de estafa por el juzgado de lo Penal 1 de Alicante por unos hechos que ocurrieron entre septiembre de 2014 y abril de 2015.

Durante ese periodo, la acusada, que había trabajado durante más de ocho años en la ONCE hasta que fue despedida, engañó a seis empleados, algunos con discapacidad visual, que trabajaban en diferentes puntos de la ciudad de Alicante.

La estafadora logró que le entregasen a cuenta diferentes cantidades de cupones con la excusa de venderlos en bares de su propiedad en la misma ciudad alicantina o en la pedanía ilicitana de Torrellano, así como entre sus compañeros de distintas empresas e instituciones donde decía trabajar, pero pese a sus promesas, jamás les abonó el importe.

La condenada recurrió en apelación la sentencia inicial del 22 de junio de 2018 del juzgado de Alicante alegando un error en la valoración de la prueba, con el argumento de que lo ocurrido fueron incumplimientos contractuales que debe ventilarse en la jurisdicción civil y no penal.

Además, la exempleada de la ONCE sostiene que pidió cupones a los denunciantes porque es "costumbre" prestarse boletos para mejorar las ventas y ha asegurado que no les engañó porque pensaba devolverles el dinero.

Sin embargo, en la condena a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia Provincial señala que los hechos son constitutivos del delito de estafa por las declaraciones verosímiles de las víctimas, algunos de ellos con una discapacidad visible, y porque la acusada "nunca tuvo intención de devolver el dinero y sí de apropiárselo".

Esto es así porque, durante la vista oral, la enjuiciada admitió que desconocía lo que debía a los perjudicados ya que no llevaba anotación alguna, a lo que se suma que no les respondía a la llamadas que éstos le hacían para recuperar las cuantías.