Se retrasa un día el juicio de las basuras de Orihuela

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha señalado que el arranque de la vista oral pasa de mañana al miércoles en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche.

En todo caso, el tribunal ha citado para mañana a los acusados y sus abogados para coordinar las agendas en una reunión interna, sin acceso a los medios de comunicación.

El TSJCV ha indicado que la previsión es que el juicio empiece el miércoles aunque "ha de escuchar antes las alegaciones que presenten las partes, por lo que el calendario de sesiones podría sufrir algunas modificaciones".

Este juicio por la supuesta trama de corrupción política y empresarial relativa al contrato para la recogida y tratamiento de basuras en Orihuela, origen del llamado 'caso Brugal', durará 94 días repartidos en diez meses de 2019, en principio entre este mes y el próximo diciembre.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde José Manuel Medina (PP) aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de 'Operación Brugal'.

En esta rama inicial del Brugal, la Audiencia Provincial enjuicia a 34 personas, de las que quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos Medina y Mónica Lorente, también del PP, y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para Lorente 8 por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.

Sostiene que Fenoll y su entorno conformaron una presuntas trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".

Además, el empresario oriolano habría pagado supuestamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemócrata.

Entre las principales piezas separadas del Brugal destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.

En esta última figuran como investigados el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.

Este caso de presunta corrupción debe su nombre al acrónimo BRUGAL: "Basuras RUrales Gestión ALicante", toda vez que las Fuerzas de Seguridad suelen bautizar todas las investigaciones abiertas con nombres relativos a algún detalle de la operación o que aluden, aunque sea de forma colateral, a algún aspecto concreto de las personas investigadas.