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EFE Jueves, 25 de Octubre de 2018

ALICANTE

La fiscalía pide prisión por una estafa con 122 camiones

La fiscalía de Alicante pide provisionalmente cuatro años de prisión para los hermanos Rafael y José Vicente Gregory y el gerente de una de sus mercantiles, Rent Autisa SL, Pedro Vicente P.R., por una estafa que cifra en 8,8 millones de euros relacionada con la venta y alquiler de 122 camiones, según recoge Efe.

El juicio por estos hechos ha comenzado hoy en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante, con una sesión dedicada cuestiones previas en las que las defensas han solicitado apartar del procedimiento a Banco Mare Nostrum (entidad que absorbió en su día a Caja Murcia).

El ministerio público acusa a los tres sospechosos de un delito continuado de estafa, o alternativamente de apropiación indebida, y de un delito de falsedad en documento mercantil y reclama también que paguen multas de 5.400 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal relata que obtuvieron "un beneficio ilícito" de 8.816.179 euros al presentar contratos de arrendamiento falsos a la entidad financiera VFS Comercial Services Spain SAU para que les sufragara la adquisición de 122 camiones.

Este proceso deriva de la querella presentada por dicha financiera contra los dueños del Grupo Autisa, en 2009, después de que presentaran un concurso de acreedores.

Además, ambos hermanos están pendientes de conocer la sentencia por una de las ramas de la 'Operación Brugal' por la que fueron juzgados junto a otros trece acusados hace unos meses por alzamiento de bienes en sus propias mercantiles.

Rafael Gregory está considerado por la Policía como uno de los cabecillas de ese caso de supuesta corrupción política y empresarial en torno a la recogida de residuos, que está pendiente de juicio (caso Brugal), recoge Efe.

Autisa Servicios S.L. era la concesionaria oficial Renault Truks SA en la provincia de Alicante, mientras que Muvisa (Murciana de Vehículos Industriales SL) ejercía como tal en la Región de Murcia.

Ambas empresas solicitaban a Renault camiones en stock para su posterior venta o alquiler a terceros, una operación que era financiada por VFS.

La fiscalía sostiene que los Gregory y Pedro Vicente P.R. se confabularon para "lograr un ilícito beneficio" a costa de la financiera y que elaboraron "bien materialmente de forma personal" o a través de empleados "contratos de arrendamiento mendaces".

Esos incluían un arrendatario "distinto del real" o directamente ocultaban que no existía un cliente detrás de la operación, pues los destinatarios de los vehículos que figuraban en los documentos no habían tenido jamás una relación comercial con ellos.

Los Gregory comunicaron después en el Registro de Bienes Muebles pactos para reservarse el dominio sobre 32 de estos camiones, tal y como constató la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación, a pesar de que eran propiedad de VFS.

Los abogados de la defensa han solicitado esta mañana que se aparte del procedimiento a Banco Mare Nostrum, que ejerce en solitario la acusación particular tras la retirada del proceso de VFS.

Los letrados, que reclaman por otra parte la absolución de sus clientes, sostienen que los hechos denunciados por dicho banco (impago de varios créditos) ya han sido objeto de juicio en otro proceso y que no pueden ser juzgados de nuevo, entre otras alegaciones.

Tanto el fiscal como el abogado de Banco Mare Nostrum, que fue absorbido a su vez por Bankia, se han opuesto a esas pretensiones.

El tribunal ha anunciado que resolverá todas las cuestiones previas mediante un auto antes de la reanudación del juicio, prevista para el próximo 19 de noviembre. 

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