El máximo responsable de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa). Francisco Gómez, liquidará la entidad 20 meses después de accecer a la presidencia tras la dimisión del anterior presidente Moisés Jiménez.

La liquidación de la patronal alicantina es consecuencia, según ha señalado Gómez, de “errores propios del pasado, pero por una actuación directa e indirecta de los últimos gobiernos autonómicos dirigidas a hundir la entidad, a acabar con ella".

La desaparición de Coepa deja a la provincia de Alicante, "más empobrecida, con menos voz, con menos fuerzas e indefensos ante las decisiones de Valencia y Madrid”, según el presidente de la entidad.

Gómez ha apuntado que la provincia de Alicante está sufriendo un proceso de “desmantelamiento," que tuvo su punto más grave con la pérdida de la CAM, pero que se ha ido acelerando con "la pérdida de Ciudad de la Luz, el parque temático de Benidorm, el abandono del Puerto de Alicante", y la reducción de las inversiones en la provincia. "También sobraba Coepa y hasta terminar con su vida a los casi 40 años han puesto todos los esfuerzos”, ha señalado.

FRANCISCO GÓMEZ: "HABÍA SOLUCIONES"

Para el empresario alicantino “había soluciones para que la administración, los ex trabajadores y la patronal no perdieran, y se prefirió saltar todo por los aires a cambio de centralizar las voces empresariales en Valencia”.

Gómez ha mantenido esta mañana una reunión con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, para avanzar en las negociaciones sobre la posible integración del Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante (CEPAL) en la patronal autonómica. El presidente de Coepa ha adelantado que se han fijado los primeros meses de 2018 como fecha máxima para formalizar la integración de CEPAL en la CEV. Gómez ha insistido en que se sigue avanzando para buscar "la mejor fórmula de integración” y ha destacado “la buena sintonía y la actitud posibilitadora por ambas partes” para alcanzar un acuerdo.

Francisco Gómez ha señalado que con la liquidación, la Administración no se asegura el cobro de las cantidades reclamadas, se pone en peligro la compensación pendiente de los extrabajadores y "se descabeza una voz provincial para dejarnos en manos de una representación en Valencia, cuyos intereses no son los mismos al 100% y su configuración de grandes empresas no dibuja la realidad de Pymes y empresas familiares de la provincia de Alicante".

Para Gómez sí había otro camino. “Lo intentamos con el concurso de acreedores –al  que llegamos en parte por errores propios heredados– que tenía solución con el plan de viabilidad que aceptó el juzgado. La dación en pago a la administración autonómica del centro de oficios habría permitido saldar la deuda, abrir un centro de formación importante para la Comunidad Valenciana, y hubiéramos podido seguir pagando a los ex trabajadores y resto de acreedores”.

La situación vivida demuestra que no hay interés en “coser la Comunidad Valenciana”, sino en desgarrar lo que sea necesario para centralizar la toma de decisiones, controlar con menos actores posibles las reivindicaciones y someter las voces críticas al silencio. “Nosotros siempre hemos defendido que debía existir entidades en todos los territorios, un sistema de convivencia entre organizaciones de ámbitos territoriales diferentes pero no enfrentado”, ha añadido.