El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha acordado trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a los años 2000 a 2007.

El Consejo de Administración de FGV recibió el 28 de marzo las conclusiones de la auditoría extraordinaria realizada en la empresa a instancias de la presidenta del consejo y consellera de Vivienda, María José Salvador, tras advertir uno de sus consejeros de posibles irregularidades en la compra de unidades para las líneas del TRAM de Alicante y Metrovalencia.

Tras las conclusiones de la auditoría, los miembros del consejo acordaron que la empresa pública realizase una investigación interna cuyas conclusiones debían entregarse a los miembros del consejo en la primera convocatoria del mismo, que se ha realizado en la mañana de hoy lunes.

Ambos informes se han remitido de forma íntegra tanto a la Fiscalía como a la Intervención para que los órganos competentes determinen la existencia de responsabilidades sobre estos expedientes, ejecutados durante la gerencia de Jorge García Bernia y Marisa Gracia en FGV, bajo el mandato del PP en la Generalitat Valenciana.