Las universidades rechazan reducir Turismo de 4 a 3 años

En este foro las universidades debatieron la idoneidad y efectos en la formación de turismo del plan de flexibilización universitaria, que permite ofertar carreras de tres años de duración frente a las actuales de cuatro, y que se recoge en el decreto 43/2015 impulsado por el ministro Wert. La nueva norma da potestad a las universidades a reducir la duración de los estudios, pero no las obliga a ello.

Los representantes de los 24 campus identificaron los beneficios y los inconvenientes, así como los retos y las oportunidades de la aplicación de nuevo decreto. El debate posibilitó hacer balance de la calidad y la eficacia contrastada del modelo del grado de Turismo actual de cuatro años, y el establecimiento de un manifiesto conjunto de orientación a las diferentes universidades y administraciones.

MENOS CALIDAD Y MÁS CARO

Las universidades españolas asistentes al debate manifestaron su disconformidad con la implantación del Grado de Turismo de tres años en España. Todos los representantes estivieron de acuerdo con elmantenimiento del grado actual de cuatro años de duración, según una nota difundida por la Universidad de Alicante (UA). Entre los numerosos inconvenientes del decreto, destaca la imposibilidad de adquirir las competencias necesarias para un sector crucial de la economía española, además de afectar negativamente al desarrollo docente e investigador de las universidades, y a su posibilidad de contribuir con I+D+i a la mejora de la competitividad e innovación del sector turístico. Los campus llamaron la atención también en que el posible cambio encarecería el coste de los estudios para los alumnos, obligados a realizar estudios de postgrado para ser empleables y atractivos para este sector.

El rechazo de los campus españoles a la reducción de la duración del grado de Turismo se suma al que ya manifestaron los rectores cuando se aprobó el llamado decreto 3+2 del ministro Wert. Tres años de grado y dos de máster, en lugar de los cuatro más uno actual, es visto por las universidades como una reducción de la calidad y un mayor coste para los alumnos, que se verán obligados para acceder al mundo laboral a realizar estudios de postgrado una vez acaben la carrera.

Al decreto también se oponen asociaciones de alumnos y sindicatos, que el mes pasado semanifestaron en toda España contra el decreto del Ministerio de Educación.