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JOAQUÍN NÚÑEZ
Martes, 18 de abril de 2017
GABRIEL ECHÁVARRI

El PP denuncia al alcalde de Alicante ante la Fiscalía por presunta prevaricación

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Noticia clasificada en: CONTRATOS DE COMERCIO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha presentado hoy una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia contra el alcalde, Gabriel Echávarri, por presunta prevaricación en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, de la que es responsable directo.

La denuncia del PP se dirige directamente contra el alcalce de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), como responsable del "troceamiento de contratos" de la Concejalía de Comercio, según ha explicado Luis Barcala. El PP tiene muy claro que ha habido "fraccionamiento" en las contrataciones que realizó el área de Comercio relativas a la señalética de los mercados municipales y mercadillos, a la Gala de Comercio y su difusión en medios de comunicación y a la campaña "Alicante está de moda". Los contratos ascienden a cerca de 190.000 euros.

 

En palabras del portavoz del grupo municipal del PP no se trata de una mera irregularidad administrativa, "existe un claro supuesto de ilegalidad del que se deriva responsabilidad penal por la comisión de un presunto delito de prevaricación", que conlleva una inhabilitación de 9 a 15 años.

 

Tras analizar la documentación del caso de los contratos de Comercio, el PP ha encontrado los siguientes indicios:

 

- Existe unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que podían y debían haberse licitado como una unidad no existiendo justificación alguna para su fraccionamiento.

 

- Se ha omitido desde un principio toda referencia a la existencia y suscripción de los contratos: no existen antecedentes, no existen expedientes, se ha contratado directa y verbalmente en la mayoría de los casos, y en la Concejalía de Comercio, no constan ni planes, ni proyectos indispensables para haber hecho la contratación.

 

- Ha intervenido en la contratación personal de confianza que carece de competencia para contratar, quienes han suscrito, por escrito y verbalmente los contratos.

 

- Se ha omitido toda publicidad previa, y se ha impedido la concurrencia de ninguna otra empresa que pudiera haber estado interesada en adjudicarse los contratos, pese a que existen dichas empresas y de hecho, ha existido un "reparto" de distintos trabajos entre diferentes empresas del mismo sector.

 

- Se ha omitido toda publicidad simultánea o posterior, ocultando los 25 contratos y facturas del Portal de Transparencia sin que haya motivo alguno para ello, ya que la misma Concejalía de Comercio tiene publicadas antes y después, otros contratos menores.

 

- La primera evidencia administrativa de la suscripción de los contratos administrativos es la aprobación de las facturas que la realiza, casi en exclusiva, el alcalde.

 

- Cuando las facturas han de ser mecanizadas para ordenar su pago, es cuando el Jefe del servicio advierte lo que ha sucedido y alerta de las consecuencias elaborando el correspondiente informe que traslada a Intervención.

 

TIPO DELICTIVO

 

El PP aprecia el tipo delictivo de prevaricación administrativa. "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". El ilícito penal consiste en la suscripción de contratos menores que implican el fraccionamiento de contratos que, de otro modo, debieran haberse licitado con todas las garantías legales y que, de esta forma, se ha eludido dicho procedimiento adjudicando arbitrariamente una serie de trabajos y prestación de servicios.

 

Los argumentos son los siguientes:

 

1- "Una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo. La aprobación de las facturas, casi en exclusiva, fue realizada personalmente por el Alcalde quien es quien realiza directa y personalmente o a través de personal de su confianza, los contratos. Concurre en el mismo, como reiterada jurisprudencia tiene admitida, la cualidad de autoridad del tipo".

 

2- "Que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal. Se conculca la prohibición del vigente art. 86.2 TRLCSP de fraccionamiento de contratos, al menos en los supuestos que hemos descrito".

 

3- "Que la contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable".

 

4- "Que ocasione un resultado materialmente injusto. Tal y como se ha apuntado en el informe de la Asesoría Jurídica, o como advierte el propio interventor, se ha conculcado el principio de libre competencia impidiendo de esta forma que otras empresas pudieran haber concurrido y licitado a los servicios.

 

5- "Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. Se ha contratado a quien se quería contratar: No hay invitación a otras empresas, no se ha solicitado otras ofertas o precios, se ha ocultado deliberadamente la contratación gestionándose desde Alcaldía y no desde Comercio evitando la intervención de los funcionarios del área, y se ha ocultado en el Portal de Transparencia, en el que no fueron publicitadas ni los contratos, ni las facturas. Es decir, se han adoptado todas las cautelas para poder contratar con quien se quería, sin alertar ni publicitar la contratación, y ocultando todo ello hasta el momento del pago, en que ya no quedaba otro remedio.

 

*Imagen superior: El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz adjunta Mari Carmen de España y el concejal José Ramón González, esta mañana durante la rueda de prensa en la que han ofrecido datos de la denuncia presentada en la Fiscalia de la Audiencia Provincial.

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